Caso Negreira: El escándalo que sacude al fútbol español
El ‘caso Negreira’ vuelve a incendiar el fútbol español. Apenas un día después de que Florentino Pérez cargara con dureza contra el FC Barcelona, al que señaló como protagonista del “mayor escándalo de la historia”, el debate ha saltado del barro mediático al terreno jurídico: ¿puede realmente la UEFA sancionar al club azulgrana?
El Real Madrid presiona. Y no esconde que su gran esperanza pasa por Nyon. Confía en que el organismo europeo encuentre un resquicio en su reglamento para castigar al Barça, allí donde las instituciones españolas no han llegado. Pero el papel, esta vez, no parece aguantar tanta presión.
El muro de la prescripción
Según desvela Mundo Deportivo, el gran dique que protege al Barcelona no está en un despacho del Camp Nou, sino en la fría letra de los códigos disciplinarios: la prescripción.
Los pagos vinculados al ‘caso Negreira’ se habrían producido entre 2001 y 2018. El asunto no salió a la luz hasta 2023, cuando Cadena SER destapó la historia. Para entonces, el reloj jurídico ya había corrido demasiado.
El artículo 9 del Código Disciplinario de la RFEF es tajante: las infracciones “muy graves” prescriben a los tres años, contados desde el día siguiente a la comisión de la infracción. No hay poesía posible en esa frase. Es un límite claro.
Si el último pago se realizó en 2018, el margen para abrir un expediente disciplinario se cerró, como muy tarde, en 2021. Cuando el escándalo estalló públicamente en 2023, la ventana sancionadora ya estaba sellada. No por falta de voluntad, sino por calendario.
La UEFA, atada por su propio reglamento
Aquí entra en juego la UEFA. En el entorno del Real Madrid se mira con insistencia al artículo 4 de su reglamento disciplinario, convencidos de que puede abrir la puerta a una sanción deportiva contra el Barcelona, especialmente en competiciones europeas.
Sin embargo, el análisis jurídico apunta en otra dirección. La UEFA también se somete a un régimen de prescripción similar. Sus normas disciplinarias no flotan en el vacío: se apoyan en el mismo principio básico de seguridad jurídica que rige en España y en la mayoría de estructuras deportivas.
Traducido: aunque la UEFA no dependa de los tribunales españoles para actuar, sí está limitada por sus propios plazos. Y esos plazos, aplicados a hechos que terminaron en 2018 y se conocieron en 2023, dejan muy poco margen, por no decir ninguno.
La situación es paradójica. El ruido político y mediático es ensordecedor, pero el terreno estrictamente disciplinario ofrece poco espacio para maniobrar. En España, ni el CSD ni la RFEF han podido abrir expediente precisamente por esa prescripción. Y en Europa, el escenario no cambia demasiado.
Un caso vivo… en los juzgados, no en los comités
Conviene separar los planos. El frente penal y el disciplinario no juegan el mismo partido. Los jueces siguen investigando, el procedimiento judicial continúa y ahí se decidirá si hubo delito y de qué tipo. Pero los comités disciplinarios, tanto en España como en la UEFA, se mueven con otra brújula: la del tiempo reglamentario.
La UEFA no está obligada a esperar a los tribunales nacionales para actuar, es cierto. Pero tampoco puede saltarse la caducidad de su propio marco sancionador. No puede retroceder el reloj para abrir un expediente por hechos que, a efectos disciplinarios, ya han quedado fuera de plazo.
El resultado es incómodo para muchos actores del fútbol europeo: el caso sigue vivo en el imaginario colectivo, alimenta ruedas de prensa, comunicados cruzados y declaraciones incendiarias, pero choca una y otra vez contra el mismo muro legal.
La batalla, a estas alturas, ya no se libra tanto en los reglamentos como en otro sitio: la reputación, la política interna del fútbol y la presión entre gigantes. Y ahí la pregunta ya no es qué puede hacer la UEFA, sino cuánto daño puede seguir haciendo este caso, sin sanciones deportivas, a la credibilidad del juego.
